Mariana Rodríguez y Samuel García deben atender a las infancias con políticas públicas, no con caridad

Para la Redim, Mariana Rodríguez y Samuel García hacen “pequeños actos de caridad” pero no atienden de manera integral a las infancias

Mariana Rodríguez y Samuel García deben atender a las infancias de Nuevo León con políticas públicas que garanticen sus derechos y no con caridad, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

Tanía Ramírez, directora de la Redim, aseguró que toda acción desde el Estado y el Poder Político en favor de la niñez es importante, pero no se tiene que expresar en “pequeños actos de caridad”.

Y es que este fin de semana, del 14 al 16 de enero, Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León, “adoptaron” a un niño bajo el argumento de “acogimiento familiar”, pero lo exhibieron por redes sociales sin respetar sus derechos.

“Se tiene que expresar no en pequeños actos de caridad, no en pequeñas historias de vínculo con uno u otro bebé que sonría más o menos, sino en el establecimiento de políticas públicas con enfoque en derechos humanos e infancias”.

TANIA RAMÍREZ, DIRECTORA DE LA REDIM

La directora de la Red dijo que niñas, niños y adolescentes no necesitan “madrinas y padrinos inmediatos”, sino un Estado que garantice sus derechos para que no siga la revictimización y cosificación.

Mariana Rodríguez y Samuel García sí violaron la ley

Desde la Redim recordaron que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe el uso y la exhibición de imágenes de las infancias sino es con un cuidado apropiado sobre su identidad y, de ser posible, su propia anuencia para la participación.

“La sobreexposición sin cuidar su rostro y su nombre, sí pudieron haber infringido el uso de la imagen que prevé la ley. También se deberá revisar la norma del DIF de Nuevo León y nacional por si algunos de esos procedimientos se incumplió”.

TANIA RAMÍREZ, DIRECTORA DE LA REDIM

Tania Ramírez explicó que si la intención de Mariana Rodríguez y Samuel García es generar una conciencia pública sobre el acogimiento familiar y las adopciones, sus acciones serían positivas.

Sin embargo, llama la atención el manejo de la historia, pues a cómo ambos funcionarios públicos lo realizan, pueden estar obteniendo beneficios mediáticos, políticos y económicos: “si fue una historia lejana a la exposición a los medios y sin beneficios, estaríamos hablando de otro asunto”.

Debido a esto, debe ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León la que investigue si ambos funcionarios violaron las normas y preceptos de la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Un “modus operandi” de Samuel García, Mariana Rodríguez y Movimiento Ciudadano

En entrevista con SDPnoticias, Tania Ramírez dijo que además de las instituciones que deben investigar si Samuel García y Mariana Rodríguez incumplieron la ley, un análisis desde las autoridades electorales también es importante.

Lo anterior porque ya se les hizo un llamado de atención, junto a Movimiento Ciudadano, por utilizar a niños para sus promociones electorales: “es un modus operandi del partido”.

Y es que en 2018, ambos funcionarios y el partido fueron señalados por explotación comercial de un niño indígena en sus campañas electorales para objetivar al menor por su contexto de vulnerabilidad y desprotección.

“El llamado sigue siendo a actuar por la no cosificación de la niñez en general, porque eso evidencia que no son personas funcionarias que atienden un estándar de derecho y que siguen pensando que los niños son objetos de protección y no titulares de derechos”.

TANIA RAMÍREZ, DIRECTORA DE LA REDIM

El compromiso con la niñez “no es de a uno en uno”

Desde la Red, son necesarias acciones articuladas de todas las instituciones con apego a la ley y que se utilicen los sistemas de protección que ya existen como el SIPINNA, para que el compromiso con la niñez pueda tener un efecto duradero y amplio.

“El compromiso debe impactar en la dignidad de sus vidas, de todos, y no uno a uno”, además, deben cumplir con el artículo 4 de la Constitución, que indica que el interés superior de la niñez debe prevalecer por encima de cualquier otro.

Fuentes:

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